La nueva Ley N.º 21.827 entrega nuevas herramientas a los establecimientos para enfrentar situaciones de violencia y fortalecer la seguridad escolar. Su implementación, sin embargo, exige protocolos claros, proporcionalidad, resguardo de derechos y adecuaciones a los reglamentos internos.
El 12 de agosto de 2026 fue publicada la Ley N.º 21.827, denominada “Escuelas Protegidas”, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. La normativa modifica distintos cuerpos legales vinculados con educación, convivencia escolar, fiscalización y Estatuto Docente.
Para los equipos directivos, el cambio no consiste simplemente en contar con mayores atribuciones. La nueva legislación obliga a revisar procedimientos, reglamentos internos, responsabilidades y formas de actuación frente a situaciones de violencia.
Estas son algunas de sus principales implicancias.
1. La seguridad pasa a reconocerse expresamente como un derecho de la comunidad educativa
La ley incorpora el derecho de la comunidad educativa a desarrollar sus funciones en un entorno de respeto y seguridad y reconoce que la violencia ejercida contra docentes, asistentes de la educación o estudiantes constituye una vulneración grave del derecho a la educación del conjunto de la comunidad escolar.
Frente a estas situaciones, la autoridad del establecimiento podrá adoptar medidas inmediatas, proporcionales y fundadas, siempre de acuerdo con la ley y el reglamento interno.
Para los equipos directivos esto refuerza una idea fundamental: proteger la convivencia y la seguridad también forma parte de garantizar las condiciones necesarias para enseñar y aprender.
2. Los establecimientos podrán incorporar revisión de mochilas y pertenencias, pero con límites estrictos
Uno de los aspectos más comentados de la nueva normativa es la posibilidad de incorporar en los reglamentos internos mecanismos para revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes cuando se busque evitar el ingreso o porte de elementos potencialmente peligrosos.
Pero la ley establece condiciones relevantes.
La revisión:
- debe estar regulada previamente en el reglamento interno;
- debe ser realizada por personal expresamente autorizado y capacitado;
- debe resguardar privacidad, honra, igualdad, dignidad y debido proceso;
- no permite revisión corporal;
- no permite revisar la ropa que el estudiante esté utilizando;
- no puede realizarse por la fuerza.
En determinadas revisiones individuales deben participar al menos dos adultos del establecimiento, uno perteneciente al equipo de convivencia, y debe quedar un registro escrito del procedimiento.
También existen resguardos específicos para estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, autismo, neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas.
Esto significa que la ley no autoriza revisiones indiscriminadas. Si un establecimiento decide incorporar esta herramienta, deberá construir previamente un procedimiento claro y compatible con los derechos de los estudiantes.
3. Se fortalecen las facultades pedagógicas y disciplinarias de los docentes
La ley incorpora al Estatuto Docente la posibilidad de adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias destinadas a proteger el desarrollo normal de la actividad educativa y el orden en la sala de clases.
Estas medidas deben seguir criterios de:
- proporcionalidad;
- pertinencia pedagógica;
- intervención gradual;
- respeto del debido proceso.
La normativa también reconoce el relato escrito y documentado del profesional de la educación involucrado como antecedente suficiente para adoptar medidas inmediatas de resguardo e iniciar el procedimiento correspondiente, sin excluir posteriormente el análisis de los demás antecedentes.
Para los directivos, esto hace especialmente importante que los protocolos internos definan claramente qué acciones puede adoptar un docente, en qué circunstancias y cómo debe documentarlas.
4. Padres y apoderados tendrán nuevas responsabilidades
La legislación refuerza el deber de padres, madres y apoderados de respetar las normas internas del establecimiento y participar en determinadas instancias vinculadas con convivencia y disciplina.
La normativa establece, además, la comparecencia obligatoria ante determinadas citaciones formales relacionadas con medidas disciplinarias, protocolos de convivencia o procesos derivados de hechos de violencia, permitiendo que esa participación pueda realizarse presencialmente o mediante mecanismos telemáticos adecuados.
Otro cambio relevante es que los reglamentos internos podrán establecer procedimientos para suspender temporalmente el ingreso al establecimiento de padres, madres o apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes, resguardando siempre el derecho a la educación del alumno involucrado.
5. Se prioriza la gestión colaborativa de los conflictos
La ley establece que, en materias de convivencia escolar, deberá priorizarse la gestión colaborativa de los conflictos. Asimismo, la Superintendencia de Educación podrá desestimar fundadamente denuncias que sean manifiestamente carentes de antecedentes.
Esto no significa restar importancia a hechos graves.
La propia normativa diferencia aquellas situaciones que pueden abordarse mediante herramientas de convivencia de aquellas donde existen delitos o vulneraciones de derechos que requieren activar otros procedimientos.
Para los equipos directivos, el desafío será evitar dos extremos: burocratizar conflictos que podrían resolverse tempranamente o minimizar hechos que requieren una intervención formal.
6. Los reglamentos internos adquieren todavía mayor importancia
La nueva legislación incorpora materias que deberán quedar expresamente reguladas antes de poder aplicarse.
Entre ellas aparecen procedimientos relacionados con revisión de pertenencias y otras medidas de seguridad y convivencia.
La ley también dispone que los reglamentos deberán contemplar prohibiciones respecto de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, exceptuando situaciones justificadas por razones de salud, religión u otras circunstancias debidamente fundamentadas.
Este punto es especialmente importante: la publicación de la ley no significa que todas sus medidas puedan comenzar a aplicarse automáticamente al día siguiente.
La propia disposición transitoria establece que aquellas medidas de los artículos 1, 4 y 7 que requieran modificar reglamentos internos solo podrán aplicarse una vez realizadas esas adecuaciones y comunicadas a la comunidad escolar.
¿Qué debería hacer ahora un equipo directivo?
Más que reaccionar apresuradamente, la publicación de la Ley Escuelas Protegidas debería iniciar un proceso institucional de revisión.
Al menos convendría analizar:
- Qué disposiciones de la nueva ley afectan actualmente al reglamento interno.
- Qué protocolos deberán modificarse o incorporarse.
- Qué funcionarios necesitarán capacitación.
- Cómo se documentarán las actuaciones realizadas.
- Qué información deberá entregarse a estudiantes y familias.
- Cómo se garantizarán proporcionalidad, privacidad y debido proceso.
- Qué orientaciones complementarias emitirá la Superintendencia de Educación para la implementación de la normativa.
El propio Ministerio de Educación informó que las orientaciones de la Superintendencia serán relevantes para establecer de qué manera los establecimientos podrán aplicar las nuevas herramientas.
Una oportunidad para fortalecer la convivencia, no solamente para reaccionar frente a la violencia
La seguridad escolar no se construye únicamente cuando ocurre un hecho grave.
También depende de la confianza, la prevención, la claridad de las normas, la participación de las familias, el trabajo de convivencia y la capacidad de intervenir oportunamente cuando los conflictos comienzan a escalar.
La Ley Escuelas Protegidas entrega nuevas herramientas. El desafío para los equipos directivos será utilizarlas con criterio, proporcionalidad y respeto por los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Para los establecimientos de Valparaíso, este proceso puede ser además una oportunidad para compartir interpretaciones, experiencias y buenas prácticas entre equipos directivos.
ASODIVAL puede desempeñar un papel relevante generando espacios de análisis de la nueva normativa y facilitando que sus asociados enfrenten su implementación con información clara, criterios comunes y una mirada centrada tanto en la seguridad como en la convivencia educativa.
Preguntas para el próximo equipo directivo
- ¿Qué debemos modificar en nuestro reglamento interno?
- ¿Qué medidas requieren esperar orientaciones complementarias?
- ¿Quiénes deberán estar capacitados para aplicar los nuevos procedimientos?
- ¿Cómo protegeremos el debido proceso y la dignidad de estudiantes y funcionarios?
- ¿Cómo informaremos estos cambios a las familias?
- ¿Qué situaciones podemos prevenir antes de que se transformen en hechos graves?
La nueva ley abre una etapa de implementación. Convertirla en una herramienta efectiva dependerá, en gran medida, de cómo cada comunidad educativa prepare su aplicación.
Fuente oficial: Ministerio de Educación — publicación de la Ley N.º 21.827 “Escuelas Protegidas”.